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El
2 de junio de 2014 Juan Carlos I anunció al presidente Rajoy su decisión de
abdicar a favor de su hijo. Alejandro Torres Gutiérrez lo presenta así: “A Propósito de la
Abdicación del Rey Juan Carlos I”: https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-2-page-277.htm
Debes
pinchar. Para animarte, copio:
El pasado 2 de junio de
2014, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, comunicó al Presidente del Gobierno
su voluntad de abdicar, poniéndolo asimismo en conocimiento de los Presidentes
del Congreso y del Senado. La abdicación a la Corona es un acto expreso, voluntario, personalísimo, unilateral,
recepticio e irrevocable. Con más precisión, podríamos definir la
abdicación como el abandono
o dejación voluntaria del oficio regio por el titular de la Corona, causándose
la transmisión de sus derechos al sucesor [1
En
la tradición constitucionalista española del siglo XIX se entendía que el Rey
para abdicar debía estar autorizado por la Nación, mediante sus representantes
en las Cortes, a partir de la existencia de un pacto expreso o tácito entre el
Rey y la Nación. MONTERO RÍOS afirmaba en 1875, que el Rey debería reinar
mientras física, moral e
intelectualmente le fuera posible. Es decir, el Rey no podría
hacer dejación caprichosa de sus funciones. Y COLMEIRO, a partir de
razonamientos éticos y jurídicos, concluía que los reinos no se habían
creado para satisfacer la ambición,
la vanidad o la codicia de los Reyes, por lo que el reinar, en cierto modo no era sólo
un derecho, sino
también un deber. Los
lamentables sucesos de Bayona, con las abdicaciones de Carlos IV y Fernando
VII, que ponen la Corona en manos de Napoleón, y que coinciden en el tiempo con
la recepción del principio de soberanía nacional, tienen como consecuencia la
aprobación del Decreto de 24 de septiembre de 1810, por el que las Cortes proclaman
a Fernando VII, y declaran nula la cesión de la Corona a favor de Napoleón.
Esta toma de posición se apoyaría no sólo en la falta de consentimiento libre
de los renunciantes, como señalara ARGÜELLES, sino también en la falta de
consentimiento de la Nación, por ello el artículo 172.3 de la Constitución de
1812 exigiría el consentimiento de las Cortes para poder proceder a la
abdicación
Público añade: “Cronología de las andanzas
de Juan Carlos I: de la huida de España a los archivos de las causas”: https://www.publico.es/politica/cronologia-andanzas-juan-carlos-i-huida-espana-archivos-causas.html
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Juan Carlos dejó España cuando estaba a un paso del banquillo.
Ahora, después de que la Fiscalía cerrara sus investigaciones, entre críticas
de la izquierda, lo que ha motivado un recurso a la Justicia Europea, el rey
emérito regresa este
jueves al país. En el Parlamento tampoco se ha podido investigar las andanzas
del anterior jefe del Estado, a pesar de las decenas de intentos de la
izquierda. Primero visitará Sanxenxo y el próximo lunes se reunirá con su
hijo, Felipe VI.
Pablo de Palació aclara: “Los motivos
del autoexilio del Rey Juan Carlos I”: https://diario16.com/los-motivos-del-autoexilio-del-rey-juan-carlos-i/
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Así pues, los asesores del Rey Felipe VI habrían recomendado a
la Casa Real que
el emérito se autoexiliara fuera de España.
Y mayor peso gana esta teoría al recordar que el Rey Juan Carlos I nunca ha
estado imputado ante los Tribunales de Justicia, sino investigado por la
Fiscalía General del Estado (órgano encargado de velar por el interés público y
entre cuyas labores se encuentra la de ejercer la acusación pública respecto de
los actos presuntamente punibles).
Por lo tanto, no existiendo imputación penal del monarca, nula era
la necesidad de exiliarse fuera de España.
Pero lo hizo. Y lo hizo para dejar vía libre al reinado de su hijo y no
ensuciar su imagen con los errores de su pasado. Ahora bien, ¿resulta lógico
que la Fiscalía archivara todas sus investigaciones?
Con el objetivo de dar una visión detallada acerca de este
particular, permítanme recordar los motivos jurídicos en los que se amparó el
garante del interés público (Fiscalía) para no denunciar al Rey emérito y
proceder al archivo de las investigaciones. El primero fue la prescripción de
las conductas punibles a cuyo argumento nada tengo que objetar en tanto en
cuanto responde al principio de seguridad jurídica.
El segundo, no obstante, no puedo compartirlo: la inviolabilidad del
rey en el momento de la comisión de los hechos. El entender del Ministerio
Fiscal pasa por considerar que la figura del Rey es inviolable en todos y cada
uno de los actos de su vida, sean profesionales o ajenos a ésta. Dicho de otro
modo, el Rey se encuentra jerárquicamente por encima de la ley dado que ningún
acto cometido por este durante su reinado podrá ser enjuiciado ante los
Tribunales de Justicia.
Me permitirán que formalmente lo critique. Y lo hago porque en una
democracia carece de lógica que una persona por su cargo, oficio o profesión
pueda quedar al margen de cualquier responsabilidad ante el incumplimiento de
un principio legal. Dicho de otro modo, de igual forma que sucede con diputados
y senadores, la inviolabilidad del Rey debería estar circunscrita únicamente al
ejercicio funcional como jefe del Estado.
Hoy tendremos postres.
Iñigo Sáez de Ugarte puntualiza: “Otro mito de la Transición
que hay que archivar en la papelera”: https://www.eldiario.es/politica/mito-transicion-juan-carlos-suarez-arabia-saudi_129_8398947.html
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· El enfrentamiento de Juan Carlos
con Suárez y los fondos secretos que recibió de Arabia Saudí durante décadas
quedan confirmados por los documentos personales del general Manglano, director
del Cesid durante quince años
Juan Fernández Miranda y Javier Chicote añaden: Juan Carlos I, sobre Suárez: A medida que ganaba elecciones me hacía
menos caso. Hacía de jefe de Estado»: https://www.abc.es/espana/abci-manglano-suarez-enf-202110100156_noticia.html
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En La Zarzuela preocupaba la posición de Adolfo Suárez,
el presidente del Gobierno que el Rey eligió para pilotar el proceso de la
Transición, que después ganó las elecciones de 1977 y 1979 y que acabó
dimitiendo a finales de enero de 1981. A comienzos de ese año algo
se rompió en la relación de confianza entre el Monarca y el ya expresidente del Gobierno. Según le
confesó Don Juan Carlos el 27 de mayo de ese año al director del
Cesid, Emilio Alonso Manglano, «a medida que ganaba elecciones (77 y después
79), me hacía menos caso». Después de seis años como Rey, Don
Juan Carlos estaba cómodo en su papel de jefe del Estado, de símbolo de la unidad del país y de primer
representante de todos los españoles.
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