El 27 de septiembre de 1841, O`Donnell inició un
pronunciamiento contra la regencia de Espartero. Wikipedia lo explica así: “Pronunciamiento
de 1841 en España”: https://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciamiento_de_1841_en_Espa%C3%B1a
El pronunciamiento de 1841 fue
un pronunciamiento patrocinado y
promovido por la ex regente de España, María Cristina de
Borbón y
su marido, Fernando
Muñoz,
contra el regente, el general
Espartero que
se fraguó desde el exilio en Francia de la Reina Gobernadora junto
con elementos del Partido Moderado también en el exilio, y militares afines.
La justificación del pronunciamiento por
parte de los implicados fue que la «reina estaba secuestrada» por los
progresistas a través de su tutor, Agustín de Argüelles y de la dama de compañía nombrada por éste, la condesa de Espoz y Mina, viuda del famoso guerrillero y militar liberal Francisco Espoz y Mina –en realidad lo que estaban haciendo los
progresistas era llevar a la práctica una de sus aspiraciones fundamentales:
controlar la educación de la reina, sobre la idea de una «reina liberal».2
Por eso el objetivo del pronunciamiento era
la vuelta de María Cristina, “deseosa de recuperar la Regencia y la tutela
regia de la que había sido formalmente apartada, hecho este último básico ya
que suponía controlar los resortes de Palacio como poder de hecho en la toma de
decisiones políticas y económicas”
María Cristina, aún financiando la
revuelta, negó a los elementos civiles y militares su implicación hasta tanto
se le garantizasen dos cosas: la protección del Palacio Real y, por tanto, de
sus hijas; y la posibilidad de huida de las mismas si la sublevación fracasaba
por el temor de que sobre ellas recayese la reacción liberal.
Istúriz, que era, de facto, el
jefe de la conspiración civil, junto con Antonio Alcalá Galiano, recibieron la mayor parte del dinero de la exregente y de
sus banqueros franceses y españoles. En la
conspiración estaban implicados también los militares Ramón María Narváez y Leopoldo O'Donnell, aunque este último con un menor
convencimiento dado el espíritu absolutista que tenía la trama, y al parecer
también el general Juan Palarea, fallecido en la prisión de Cartagena (1842) en extrañas y nunca
aclaradas circunstancia
María Cristina, aún financiando la
revuelta, negó a los elementos civiles y militares su implicación hasta tanto
se le garantizasen dos cosas: la protección del Palacio Real y, por tanto, de
sus hijas; y la posibilidad de huida de las mismas si la sublevación fracasaba
por el temor de que sobre ellas recayese la reacción liberal.
Istúriz, que era, de facto, el
jefe de la conspiración civil, junto con Antonio Alcalá Galiano, recibieron la mayor parte del dinero de la exregente y
de sus banqueros franceses y españoles. En la
conspiración estaban implicados también los militares Ramón María Narváez y Leopoldo O'Donnell, aunque este último con un menor
convencimiento dado el espíritu absolutista que tenía la trama, y al parecer
también el general Juan Palarea, fallecido en la prisión de Cartagena (1842) en extrañas y nunca
aclaradas circunstancia
El 7 de octubre tuvo lugar el hecho
más significativo del pronunciamiento: el asalto al Palacio real para capturar
a Isabel II y a su hermana y “llevarlas al País Vasco; allí
se proclamaría de nuevo la tutoría y regencia de María Cristina y se nombraría
un gobierno presidido por Istúriz. El 7 de octubre, en una noche de lluvia, los
generales Diego de León y Manuel de la
Concha, con la complicidad de la guardia
exterior, entraron en el Palacio Real, pero no lograron apoderarse de las dos
niñas, ante la resistencia que hicieron en la escalera principal los
alabarderos”. El general Diego de León se entregó convencido de que Espartero
no iba a fusilarle.5
Así pues la operación resultó un
absoluto fracaso por la contundente reacción de los alabarderos de
la Guardia Real dirigidos con maestría por el coronel Domingo Dulce y Garay. El día anterior, el infante don Carlos ya había negado
su implicación en la revuelta dado el mal resultado que se avecinaba y Ramón Cabrera no
había participado de manera alguna en el intento.
El
27 de septiembre de 2018 un Alto Tribunal de Guatemala reconoció que se habían
cometido genocidios en el territorio. ONU lo cuenta así: “El
reconocimiento del genocidio de mayas ixil en Guatemala es un avance contra la
impunidad”: https://news.un.org/es/story/2018/10/1444072
Entre 1982 y 1983, 1771 indígenas de la etnia maya ixil
fueron asesinados a
manos de las Fuerzas Armadas con una intención de exterminio,
según el fallo del pasado 27 de septiembre de un Tribunal de Mayor Riesgo, que
concluyó que la masacre constituyó un genocidio y que las atrocidades a las que
fue sometida esa comunidad se consideran crímenes de lesa humanidad.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con
beneplácito la sentencia y afirmó que sienta un precedente histórico para la justicia transicional
en Guatemala, la región y el mundo.
"Celebramos este avance importante en la búsqueda de la
verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica
de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno", dijeron los
relatores en un comunicado conjunto.
La sentencia estableció que el ejército guatemalteco utilizó las
técnicas más brutales de violencia contra la población civil, incluyendo
asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento
forzado, causando la destrucción física parcial de la población Ixil.
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