viernes, 23 de diciembre de 2022

nuestra cita cotidiana

 

El 23 de diciembre de 2000 “El País” publicó este artículo: “Marcos dice que sigue la guerra sucia en Chiapas a pesar de Fox”: https://elpais.com/diario/2000/12/23/internacional/977526017_850215.html

 

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El subcomandante Marcos, líder de la guerrilla zapatista, denunció el jueves que, tres años después de la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares en Acteal, se mantiene en Chiapas, sureste de México, la guerra sucia que propició la tragedia. 

 

 

BBC añade: “Masacre en Acteal: 15 años sin justicia”: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121222_acteal_ezln_chiapas_masacre_mexico_marcos_justicia_an

 

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La masacre ocurrió el 22 de diciembre de 1997. Quince años después ninguno de los responsables ha sido castigado.

Acteal es una comunidad de la etnia Tzotzil que en esa época estaba bajo asedio de grupos paramilitares que combatían a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según organizaciones de derechos humanos.

El asesinato de esas 45 personas es uno de los episodios más crueles de la historia reciente del país y representa otro capítulo de su crisis de justicia, le dice a BBC Mundo Edgar Cortés, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.

 

Gilberto López y Rivas añade: “Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox”: https://chiapas.iiec.unam.mx/No15/ch15lopez.html

 

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Desde los prolegómenos de la firma del TLC se da un cambio de relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que daría pie a la aplicación sistemática de tácticas y estrategias del conflicto de baja intensidad o guerra de desgaste, para cuando el levantamiento zapatista estalla en 1994.

En todo caso, estas diferencias entre guerra de baja intensidad y de desgaste son más terminológicas que conceptuales, aunque es necesario debatir más a fondo para caracterizaciones más precisas de los procesos que están teniendo lugar en Chiapas. Un esfuerzo de reflexión nos haría ver la guerra de baja intensidad o de desgaste como una alternativa a la guerra convencional de carácter contrainsurgente o contrarrevolucionario. En este tipo de conflicto se privilegia la utilización de tropas "locales" irregulares, como ocurrió con la Contra en Nicaragua y como está ocurriendo actualmente en la región chiapaneca. Así, la guerra en el sureste mexicano consiste en la utilización de todos los medios, legales e ilegales, para derrotar a un enemigo interno: el EZLN; en el emplazamiento estratégico de soldados en un teatro de operaciones saturado, en donde las fuerzas represoras ponen mayor énfasis en la tropa local que en una "foránea". De ahí la importancia de adiestrar paramilitares que no actúan con el esquema de mercenarios traídos de otros puntos geográficos, nacionales o extranjeros.

“El Salto cuenta un hecho escandaloso: “Coca-Cola seca los pozos de Chiapas a cambio de 150 dólares anuales”: https://www.elsaltodiario.com/mexico/mexico-chiapas-acuiferos

 

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En mayo, la ONU denunció la situación de falta de acceso al agua de los hogares pobres y las comunidades indígenas de Chiapas. Una planta de Coca Cola absorbe millones de litros diarios a cambio de una compensación mínima establecida en los años 90.

 

Si Paz añade: “ENFOQUE: Minería en Chiapas – Nueva amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas”: https://www.sipaz.org/enfoque-mineria-en-chiapas-nueva-amenaza-para-la-supervivencia-de-los-pueblos-indigenas/

 

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Hasta hace relativamente poco, el estado de Chiapas, que es considerado como uno de los más ricos del país en recursos naturales (en 2001, produjo un 47% del gas natural y un 21% del petróleo a nivel nacional(1)), parecía haber sido olvidado por la industria minera. Sin embargo, a partir de los ’90, el gobierno federal empezó a otorgar concesiones mineras para su exploración y explotación a corporaciones transnacionales, la mayoría de ellas de capital canadiense.(2)

En lo inmediato, estas concesiones se sitúan en la Sierra Madre del Sur, sierra que abarca el sur de México y se extiende hasta Honduras y el norte de Nicaragua, regiones en las que las mismas empresas han venido trabajando

Uno de los detonantes del aumento del número de concesiones mineras fue la reforma constitucional de 1993, que se llevó a cabo para implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLCAN, entre EEUU, Canadá y México).

Tradicionalmente, la propiedad de la tierra no incluía en México (al igual que en el resto del continente) la propiedad sobre los recursos del subsuelo, reservada al Estado. Sin embargo, no existía legislación que regulara de forma precisa los conflictos que pudieran aparecer entre ambas esferas de propiedad, entre los pobladores y agricultores de las tierras y las empresas interesadas en la explotación del subsuelo. La reforma minera en los años 90 dio clara prioridad a los intereses de las empresas mineras, al conceder al concesionario de las tierras el derecho a «Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio»(4). Además, las nuevas leyes les otorgan el derecho a usar el agua y a tirar «terreros, jales, escorias y graseros» resultantes de la explotación.


Gracias a l@s 1537 que acudisteis a la cita de ayer

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